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Mandar documentos por fax es una práctica habitual e importante en las empresas, y la creación de reglas que exijan consentimiento escritos para el envío y recepción de faxes dañaría el negocio de las mismas. El obtener consentimiento escrito y firmado, así como el mantenimiento de registros que indiquen a quien las empresas pueden mandar fax, sería costoso llevaría mucho tiempo. Esta regla no proporciona ninguna ventaja de interés público. Los remitentes de fax subrepticios no cambiarán sus prácticas porque se cambie la legislación. El envío de faxes publicitarios a clientes existentes no es un problema que un gobierno tenga que "solucionar".